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Diversos periodistas y medios de comunicación han suscrito un pronunciamiento que rechaza la Ley N.º 32301, conocida como «Ley APCI», por considerar que constituye “un ataque directo a la libertad de prensa, de un modo que no solo contraviene la Constitución Política sino estándares y jurisprudencia internacionales sobre el tema”. La Ley N.º 32301, promulgada por el gobierno de Dina Boluarte el 14 de abril pasado, afecta directamente a los medios de comunicación que funcionan bajo la figura legal de «asociaciones civiles sin fines de lucro» e incluso a empresas periodísticas que realizan actividades con fondos de cooperación internacional. La norma establece disposiciones que constituyen un ataque directo a la libertad de prensa, ya que no solo contraviene la Constitución Política sino estándares y jurisprudencia internacionales sobre el tema. En principio, al exigir ―de manera inconstitucional y bajo amenaza de drásticas sanciones― la inscripción obligatoria en la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI). De acuerdo con el pronunciamiento, la «Ley APCI» constituye una herramienta de control político sobre las organizaciones que reciben financiamiento de la cooperación internacional. Con esta nueva norma, el Poder Ejecutivo tiene la potestad de autorizar o bloquear los proyectos que financian la labor periodística o investigativa. Además, prohíbe expresamente que los fondos de cooperación se utilicen para iniciar acciones legales contra el Estado, como el litigio para acceder a información pública, una herramienta fundamental para el periodismo de investigación en contextos de falta de transparencia por parte de autoridades y funcionarios públicos. No solo los fondos pueden ser vetados y las investigaciones periodísticas, bloqueadas desde el origen. A causa de estos controles previos, los medios, además, tendrán que informar a la APCI sobre sus planes, programas, proyectos o actividades, y la agencia estatal tendrá la atribución de “dar conformidad previa a la ejecución” de los mismos. Es decir, puede existir censura previa. Bajo amenaza de sanciones desproporcionadas, los periodistas necesitarán el permiso del Estado para ejercer sus actividades de investigación, publicación y difusión de información de interés público, incluyendo la que serefiere a casos de corrupción, conflictos de interés o abusos de poder en la administración pública. El pronunciamiento ha sido firmado por periodistas freelance y que trabajan en medios de comunicación peruanos y extranjeros. Además, por organizaciones peruanas abocadas a la defensa de libertad de prensa, como la Asociación Nacional de Periodistas (ANP) y la Fundación Mohme, así como también por organizaciones de la sociedad civil.