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El pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) intentó reponer a Liz Patricia Benavides Vargas como fiscal de la Nación, anulando el procedimiento disciplinario en su contra por el que fue destituida. Este proceso se inició porque Benavides interfirió directamente en una investigación fiscal contra su hermana, la jueza superior de Lima Enma Benavides Vargas. La decisión de la JNJ intenta retrotraer todo el proceso hasta antes de la emisión del informe de instrucción 063-2024-LITÑ-JNJ. Este informe sustentaba la sanción contra Patricia Benavides por haber removido a la fiscal suprema provisional Bersabeth Felicitas Revilla Corrales, quien investigaba a Enma Benavides por presuntamente haber recibido pagos de narcotraficantes a cambio de su liberación, lo que constituiría delitos de cohecho y organización criminal. Como fiscal de la Nación y aduciendo una supuesta “baja productividad”, en 2022 Benavides Vargas cesó de forma arbitraria a Bersabeth Revilla con el propósito de apartarla de la investigación clave que comprometía directamente a su hermana. Según la decisión del pleno del JNJ, al anularse el procedimiento disciplinario, Patricia Benavides debe ser repuesta como fiscal de la Nación, sin embargo, según la Constitución, el cargo de fiscal de la Nación es elegido por la Junta de Fiscales Supremos y no por ningún organismo externo. Esto implicaría que Delia Espinoza renuncie o se auto-destituya, lo cual no tiene sustento legal. Además, la JNJ nunca destituyó a Patricia Benavides como fiscal de la Nación, sino que la apartó de su cargo como fiscal suprema titular. El acuerdo de la JNJ también alcanza a Enma Rosaura Benavides Vargas, hermana de Patricia, por su actuación como jueza superior de la Corte Superior de Justicia de Lima.

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) oficializó la rehabilitación del título de fiscal supremo titular a Tomás Aladino Gálvez Villegas, quien fue destituido de ese cargo por sus vínculos con la organización criminal ‘Los Cuellos Blancos del Puerto‘. Según la JNJ, esta reposición obedece a lo resuelto por el Décimo Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, como parte del proceso constitucional de amparo que promovió el mismo Tomás Gálvez. Como parte de esta decisión, el pleno de la JNJ, presidido por Gino Ríos Patio, también resolvió dejar sin efecto la inscripción de la sanción disciplinaria impuesta anteriormente en el registro personal del fiscal supremo, restituyendo su condición funcional conforme a los alcances del mandato judicial. En el año 2020, Tomás Aladino Gálvez Villegas fue acusado por la JNJ de participar en actos de interferencia en procesos judiciales y de favorecer intereses particulares. Entre las acusaciones principales figuraban supuestos favores relacionados con el ex juez supremo César Hinostroza. Adicionalmente, se le imputó por declaraciones realizadas en una entrevista pública que, según la JNJ, comprometían el decoro del Ministerio Público. Como resultado de estas imputaciones, el fiscal fue destituido de su cargo en abril de 2021. Y aunque el tribunal reconoce que las acciones imputadas eran de una naturaleza sumamente grave, determinó que la forma en que se aplicó la destitución no se ajustó al marco legal aplicable. Por ello, se dispuso la nulidad total del proceso y de todas las resoluciones que derivaron en su destitución, incluidas las relacionadas con el Ministerio Público.