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José Samamé Blas, exgerente de Gestión Electoral de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), fue trasladado a la sede de la Fiscalía Penal Corporativa de Lima Cercado, en el marco de las investigaciones en su contra por las irregularidades en la distribución de material electoral en Lima en las elecciones generales 2026. Samamé fue trasladado bajo custodia policial desde las instalaciones del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) del Cercado de Lima, donde se encontraba recluido. Fue detenido en flagrancia por agentes de la policía anticorrupción el pasado lunes, tras los problemas logísticos en la distribución de material electoral en Lima, lo que impidió que se instalarán el domingo 13 mesas electorales. Hoy venció el plazo de 48 horas de detención en flagrancia. La fiscalía determinará si situación legal. El exfuncionario de la ONPE es investigado por la presunta comisión del delito de omisión o demora de actos funcionales. Tras los problemas en distribución de material electoral, Samané presentó su carta de renuncia. Reconoció las «fallas logísticas» que generaron retrasos e inconvenientes en la instalación de mesas de sufragio.

El procurador público del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Ronald Angulo Zavaleta, presentó ante la fiscalía una denuncia penal contra el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, a tres altos funcionarios de esa entidad y al representante legal de la empresa GALAGA S.A.C por las presunta irregularidades ocurridas durante las Elecciones Generales 2026. Les atribuye los presuntos delitos contra el derecho de sufragio – atentado contra el derecho de sufragio; delito contra la administración pública – omisión, y rehusamiento o demora de actos funcionales en la contratación de la empresa GALAGA S.A.C. para la distribución de material electoral y los problemas que presentó la Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE) para el proceso electoral. En el caso de Corvetto, la denuncia indica que, a pesar de la “crisis logística y tecnológica”, “mantuvo una conducta omisiva sistemática” y no informó oportunamente al Pleno del JNE la magnitud de la falta de material, permitiendo que la ciudadanía permaneciera en un estado de desinformación total durante la mayor parte del día. Señala además que, ante la inminente e irreversible quiebra del sistema de instalación de mesas, “pretendió mitigar el impacto institucional anunciando que gestionaría la exoneración de las multas electorales para los ciudadanos impedidos de sufragar debido a la falta de material”, hecho que constituye “una aceptación tácita del incumplimiento de sus funciones esenciales como garante del proceso”. En tanto, la denuncia atribuye a Edward Eloy Alarcón, gerente de Administración de la ONPE, haber presuntamente omitido activar los mecanismos de supervisión directa sobre la flota de GALAGA S.A.C., lo que permitió la vulneración de la seguridad nacional electoral al entregar el material a un tercero sin las garantías mínimas de fidelidad y control. Ello habría facilitado la obstaculización del desarrollo electoral por parte del proveedor privado. Asimismo, precisa que José Edilberto Samamé Blas, gerente de Gestión Electoral de ONPE, habría permitido que “el sistema tecnológico sufriera un colapso sistémico reportado en locales de votación, donde la falta de reconocimiento de códigos y fallas en la verificación biométrica impidieron el inicio de la jornada electoral”.  Asimismo, la denuncia penal incluye aRicardo Javier Saavedra Mávila, gerente de Organización Electoral y Coordinación Regional de la ONPE. De igual manera, contra Juan Charles Alvarado Pfuyo,  en su condición de representante legal de la empresa GALAGA S.A.C. El procurador del JNE, en declaraciones a RPP, puntualizó que el JNE considera que ha habido una serie de irregularidades que deben investigarse a nivel fiscal para que se determine la responsabilidad en estos hechos.  «Una vez que se abra la investigación, se va a realizar una serie de diligencias y se va a poder determinar si hay otras personas que estarían involucradas justamente estos hechos», aseveró.

Las Elecciones Generales de este 12 de abril marcan el fin de una etapa para varios partidos políticos que integran actualmente el Congreso de la República y de otros que pretendían tener representantes en la cámara de diputados y senadores. De acuerdo a las estimaciones de las encuestadoras Ipsos Perú y Datum Internacional, Alianza Para el Progreso (APP), cuyo líder es César Acuña, no pasaría la valla electoral. Otros partidos que actualmente tienen poder desde el Parlamento y que no tendrían un solo congresista son Perú Libre, del prófugo Vladimir Cerrón, así como Avanza País, que llevó como candidato al parlamentario José Williams, recordado por percibir actualmente un doble sueldo del Estado. Podemos Perú, liderado por José Luna Gálvez y con una importante bancada en el actual Congreso, tampoco tendría representantes a partir del 26 de julio próximo, fecha en que tomaran juramento los nuevos parlamentarios. Somos Perú, que llegó al poder con José Jerí, tampoco pasará la valla electoral. El APRA, a su vez, seguirá relegado y lejos del poder, al igual que Perú Primero, que postuló a la presidencia a Mario Vizcarra, hermano del encarcelado expresidente Martín Vizcarra.

La Policía y el Ministerio Público ejecutaron un operativo simultáneo en diversas zonas de Lima, donde se allanaron 24 inmuebles pertenecientes a mujeres que habrían obtenido contratos con el Estado tras reunirse con el expresidente José Jerí. Uno de los inmuebles intervenidos corresponde a Violeta Emperatriz Beas Otero, ubicado en La Victoria. En el lugar, las autoridades recaban evidencia que la vincularía con los presuntos delitos de tráfico de influencias y negociación incompatible. Según se informó, Beas Otero fue designada como Secretaria Nacional de Juventud del Ministerio de Educación luego de sostener una reunión con el exmandatario. De acuerdo con las investigaciones, al menos cinco mujeres se reunieron con Jerí entre setiembre y diciembre de 2025 y posteriormente accedieron a contratos y órdenes de servicio en distintas entidades públicas, presuntamente de manera irregular. En algunos casos, se señala que no contaban con la formación académica requerida para los cargos asignados. Las diligencias también incluyen el caso de Cristina Vela, quien recibió una orden de servicio por S/6,300 y posteriormente fue contratada en el Ministerio del Ambiente con un salario de S/11 mil, tras una reunión privada con el exjefe de Estado. El caso es investigado por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria y la Fiscalía, que buscan determinar responsabilidades en torno a presuntas prácticas irregulares en la contratación pública.