inseguridad ciudadana

Luego de haber obtenido un histórico triunfo en las elecciones al rectorado de la Universidad Nacional de Piura (UNP), José Ordinola Boyer, comenzó a ser extorsionado y amenazado de muerte por delincuentes autodenominados miembros de la organización criminal ‘Los Malditos del Norte’. Según denunció, recibió en su teléfono un mensaje intimidatorio, enviado vía WhatsApp desde un número con código peruano, que contiene una extorsión directa: pagar 20 mil soles en un plazo de 24 horas o enfrentar consecuencias fatales. «Queremos brindarte seguridad a todo tu familia, viejo. Queremos trabajar acá. Si no cooperas con nosotros, te vas a morir«, se lee en parte del mensaje. La amenaza viene acompañada de una imagen de un arma de fuego, lo que denota la violencia de la extorsión. Ordinola Boyer había logrado recientemente derrotar al oficialismo universitario, que había mantenido el poder durante los últimos 25 años. Su victoria ha sido vista por sectores académicos y ciudadanos como un símbolo de renovación en la UNP, una institución afectada por denuncias de corrupción y presuntas redes de poder enquistadas por décadas. Ante esto, José Ordinola Boyer aún no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el hecho. Sin embargo, esta amenaza ocurre en un contexto de tensión en la universidad, en el que sectores vinculados al anterior régimen han intentado deslegitimar los resultados electorales, ya que una facción cercana al congresista Revilla y al jefe de la SUNEDU estaría buscando frustrar el proceso de transferencia en la UNP. Las elecciones complementarias para el periodo 2025–2028 en la Universidad Nacional de Piura (UNP) estarían siendo obstaculizadas por la lista liderada por Enrique Cáceres Florián, quien representa al oficialismo y ha cuestionado el proceso electoral tras ir perdiendo en los resultados preliminares. En ese contexto, se ha difundido una imagen en la que se observa a Cáceres Florián junto a Manuel Castillo Venegas, actual titular de la Sunedu y exfuncionario de la UNP. Castillo también habría sido abogado del fallecido exrector Santos Montaño, personaje estrechamente ligado al grupo oficialista universitario. «Desde hace 25 años nuestra universidad está controlada por el mismo grupo de poder. La Defensoría del Pueblo y la Fiscalía ya están revisando el proceso porque el oficialismo se niega a aceptar los resultados», denunció el candidato opositor Ordinola.