Minería

Antamina busca extender sus operaciones de explotación de cobre en Perú hasta 2036

Antamina, una de las diez minas de cobre más grandes del mundo, busca ampliar algunas de sus instalaciones en Perú para extender la operación de la mina ocho años más, de 2028 a 2036. En este período, espera mantener su nivel de producción de unas 430 000 toneladas de concentrado de cobre al año, con una inversión de unos 2000 millones de dólares. Entre las obras que ya están en marcha figura la ampliación del tajo, así como de los botaderos y de la presa de relaves mineros, según detallaron ejecutivos de Antamina durante una reunión con periodistas previa a la trigésima séptima edición del Perumin. La ampliación de la mina, situada en el complejo Yanacocha, a unos 4300 metros sobre el nivel del mar, en la región de Áncash, se efectuará después de que las autoridades peruanas aprueben la modificación del estudio de impacto ambiental (MEIA). La vicepresidenta de Planificación y Estrategia Ambiental de Antamina, Fabiola Sifuentes, aseguró que buscarán incluso alargar la vida de la mina más allá de 2036 porque «el yacimiento es maravilloso», ya que también produce zinc. No obstante, Sifuentes apuntó que en estos próximos años evaluarán posibles métodos de cubrimientos de la mina en espacios que ya no estén en uso para encontrar la mejor fórmula una vez que se termine la operación. También resaltó que la producción se extraiga a través de un mineroducto de algo más de 300 kilómetros de longitud desde el yacimiento hasta un muelle de carga en la costera provincia de Huarmey, también en Áncash, lo que evita el tránsito, carga y descarga de unos 300 camiones por día. Las actividades de Antamina, que tiene como accionistas mayoritarios a la minera australiana BHP y a la suiza Glencore, representan al año un movimiento económico de 17 732 millones de soles (unos 5096 millones de dólares), equivalente al 1.65 % del producto interior bruto (PIB) de Perú.

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Tres militares heridos tras enfrentamiento con mineros ilegales en Pataz

Una operación realizada por el Comando Unificado Pataz (CUPAZ) de las Fuerzas Armadas dejó como resultado tres militares heridos luego de un enfrentamiento armado contra presuntos mineros ilegales en el sector de La Esperanza, del centro poblado Pueblo Nuevo, región La Libertad. Los militares heridos fueron identificados como Herlin Monteblanco Castro, Roy Stanley Flores Baneo, y Edwin Zavaleta Mejía. Los tres fueron trasladados inmediatamente al hospital más cercano donde se encuentran estables y fuera de peligro.  La operación militar se ejecutó en las bocaminas de diferentes centros poblados de Pataz, entre ellos, el sector La Esperanza en el Centro Poblado Pueblo Nuevo, donde, al acercarse a las galerías de una bocamina, los agentes del CUPAZ fueron atacados sorpresivamente por mineros ilegales, lo que resultó en tres oficiales heridos. Ante el ataque, los soldados fueron trasladados en helicóptero hasta el aeródromo de Chagual y, posteriormente, a Trujillo y Lima para que reciban atención médica especializada, donde ya fueron atendidos y actualmente se encuentran estables. Desde la declaratoria de emergencia en Pataz, se ha realizado 31 operaciones en la zona, lo que habría ocasionado duros golpes económicos contra la minería ilegal por más de 200 millones en solo este año. Sin embargo, la percepción de seguridad ciudadana no parece haber cambiado; sino que, por el contrario Trujillo y La Libertad parecen cada día ser lugares más inseguros por la criminalidad, extorsiones y delincuencia.

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Minería ilegal invade 9 regiones amazónicas y pone en riesgo a 73 comunidades nativas

El informe situacional 2025 de Conservación Amazónica confirma que la minería ilegal ha impactado negativamente en nueve regiones amazónicas del Perú, poniendo en riesgo a 73 comunidades nativas y a más de 250 ríos y quebradas. En la Amazonía, Madre de Dios sigue siendo el epicentro de la devastación. Solo en el último año, la minería ilegal arrasó más de 11 500 hectáreas de bosque, gran parte dentro de la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata. El caso más alarmante vuelve a ser La Pampa, un territorio que en su momento fue símbolo de la lucha contra esta actividad ilícita, pero hoy aparece otra vez tomado por los mineros. Sidney Novoa, director de SIG y Tecnologías para ACCA, precisó que para este año se ha contabilizado 1613 dragas operando, un 21 % más que en 2024. En 2021, los registros hablaban de apenas 148 dragas y unas 660 personas trabajando en la zona. Cuatro años después, el escenario cambió radicalmente. Más de 1600 dragas y alrededor de 6400 personas dedicadas a la extracción ilegal de oro, multiplicando también así los impactos ambientales y sociales. El informe también revela escenarios críticos en Huánuco, Ucayali y Loreto, donde la minería ilegal avanza con la misma fuerza destructiva. En Huánuco, más de 1763 hectáreas fueron devastadas en solo un año, alcanzando incluso áreas de la Reserva Comunal El Sira y golpeando directamente a comunidades indígenas como Tsirotzire y Nuevos Unidos de Tahuantinsuyo. En Ucayali, ríos que hasta hace poco estaban libres de esta amenaza ya muestran huellas de la actividad ilegal. Más al norte, en Loreto, la situación alcanzó un récord preocupante. El río Nanay registró 42 dragas activas, comprometiendo la principal fuente de agua de la ciudad de Iquitos, donde miles de familias dependen de ese caudal para sobrevivir. El informe de ACCA no solo pone la lupa sobre la expansión de la minería ilegal, sino también sobre los riesgos que implican las nuevas concesiones otorgadas por el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet). De las solicitudes presentadas en 2025, 187 se superponen con comunidades nativas, áreas naturales protegidas y reservas indígenas.

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Gobierno gasta S/ 1125 millones contra manifestantes y S/ 63 mlls. contra la minería ilegal

Las prioridades del gobierno de Dina Boluarte están de cabeza, por ejemplo en cuanto a la Policía Nacional. En 2023 el Ministerio del Interior (Mininter) destinó S/ 62 millones para su programa de lucha contra la minería ilegal. En 2024, elevó la cifra a S/ 79.7 millones y apenas la incrementó a S/ 83.6 millones en 2025. Por otro lado, el programa del Mininter denominado “Disminución de la incidencia de los conflictos, protestas y movilizaciones sociales violentas que alteran el orden público” recibió en 2023 un total de S/ 687.4 millones. En 2024 este presupuesto aumentó a S/ 715.6 millones y en 2025 incrementó a S/ 1125 millones. En efecto, entre 2023 y 2025 el presupuesto para enfrentar a las movilizaciones populares subió en 63.74 %, mientras que los fondos de la Policía dirigidos al programa de lucha contra la minería ilegal solo fue incrementado en 1.98% en el gobierno de Dina Boluarte. Que el presupuesto para financiar el combate a la minería ilegal (S/ 63 274 186) represente el 5.62 % respecto al monto dirigido a enfrentar los conflictos sociales (S/ 1 125 084 624), causa efectos negativos directamente sobre los policías los encargados de combatir a las organizaciones criminales, empezando por la carencia de hombres y equipamiento. Una guerra muy desigual. Ahora bien, de los S/ 63.2 millones, la Dirección de Medio Ambiente de la Policía Nacional, asignada a la tarea de enfrentar a la minería ilegal, le corresponde únicamente S/ 15 millones. Es decir, menos del 24% del total. El resto es distribuido entre otras dependencias que participan de las acciones de represión a la minería ilegal. Un reciente estudio del Instituto Peruano de Economía (IPE) proyecta en US$ 6840 millones el monto que moviliza anualmente la minería ilegal aurífera, superando al narcotráfico y a la trata de personas. Esto se debe al incremento explosivo del precio mundial del oro. No obstante, el dinero que dispuso el gobierno de Dina Boluarte para enfrentar a las organizaciones criminales no ha experimentado una subida significativa entre 2024 y 2025.

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Minería ilegal se expande en Piura y genera contaminación sin control

En la región Piura, la minería ilegal viene registrando un preocupante crecimiento, en particular, en los distritos de Tambogrande, Las Lomas, Suyo, Ayabaca y Huancabamba. Según estudios especializados, más de 6000 mineros informales utilizan cianuro y mercurio sin protocolos de seguridad. Estos insumos químicos son contaminantes y letales para la salud humana y ecosistemas agrícolas como el Valle San Lorenzo. Debido a la minería ilegal, el río Piura posee acumulación de metales pesados que sobrepasan límites internacionales permisibles. Entre los metales identificados se encuentran el Bario, Cromo, Aluminio, Cadmio y Calcio. Este cóctel tóxico genera drenaje ácido de roca que contamina aguas con sulfatos metálicos y pone en riesgo el recurso hídrico, tanto para consumo humano como para la agricultura. Se ha detectado que las plantas medicinales como eucalipto, hierba luisa, achiote, matico y cola de caballo contienen arsénico hasta ocho veces por encima de los límites máximos permisibles. En tanto, la morbilidad en Suyo-Ayabaca alcanza el 62.8%, principalmente en enfermedades respiratorias, digestivas, infecciones urinarias y enfermedades hepáticas con 88% de trabajadores sin seguro de salud.

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Policía incauta 15,000 cartuchos de dinamita utilizados en minería ilegal en La Libertad

Un total de 15,000 cartuchos de dinamita fueron incautados por agentes de la División Policial de Huamachuco durante un operativo realizado en una vivienda ubicada el sector Labunday, Los explosivos son utilizados con frecuencia centro poblado de Shorey, distrito Quiruvilca, provincia de Santiago de Chuco, departamento de La Libertad, donde se realiza actividades de minería ilegal. Una persona fue detenida en flagrancia, como parte del estado de emergencia declarado en La Libertad. Se trata de Hermelinda García López, quien dijo ser propietaria del inmueble donde se encontró el material explosivo y autorizó a la Policía Nacional el registró del predio. Ella será investigada por el delito de tenencia ilegal de explosivos. No obstante, la detenida afirmó que dichos explosivos no eran suyos y que ella había alquilado la habitación a un señor de apellido “Castro». Sin embargo, los agentes decomisaron los cartuchos de dinamita y trasladaron a la mujer hasta la sede de la División Policial de Huamachuco para continuar con las investigaciones. El Comando de la III Región Policial La Libertad no descarta que la dinamita pueda ser usada para ejecutar voladuras y extraer de forma ilegal el material aurífero, debido a que la zona históricamente registra una alta actividad extractiva de minerales.

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Fiscalía y PNP destruyen maquinaria y equipos de mineros ilegales en Ayabaca

Acciones contra mineros ilegales. La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Sullana (FEMA) ejecutó una interdicción en dos campamentos mineros ubicados en la Comunidad Campesina San Sebastián, en el distrito de Suyo, provincia de Ayabaca, como parte de las acciones para combatir la minería ilegal en esta zona de la región Piura. Durante la diligencia, las autoridades hallaron diversos equipos e insumos utilizados por los mineros ilegales para sus actividades ilícitas, entre ellos: una retroexcavadora marca John Deere, cuatro grupos electrógenos, tres baldes de 5 galones con aceite Vistony, 550 metros de manguera de 2 pulgadas, dos tanques Rotoplas de 1000 litros, seis metros de tubo PVC de 4 pulgadas, 120 sacos con material aurífero en bruto, doce pozas de sedimentación, tres motobombas y un trompo mezclador. La acción fue liderada por el fiscal provincial Néstor Sosa Carrillo, con la participación del fiscal adjunto Jhon Beiker Frías Albán, junto a representantes de la Dirección Regional de Energía y Minas (DREM) de Piura, efectivos de la Policía de Medio Ambiente de Piura, personal de UDEX Sullana y de la Unidad de Servicios Especiales (USE) de Sullana. Todo el material encontrado fue destruido en el lugar, conforme a lo dispuesto por la normativa vigente. La FEMA Sullana ha iniciado las investigaciones correspondientes por el presunto delito de Minería ilegal contra los que resulten responsables.

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Nuevos mineros artesanales entran a Cajamarca y ya firmaron contratos de exploración

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) suscribió 10 nuevos contratos de explotación minera entre la empresa Pan American Silver y la Asociación de Mineros Artesanales San Blas de Algamarca (Amasba), en Cajamarca. La suscripción de contratos se realiza en el marco de un convenio suscrito en abril del 2024 y que permite establecer un área de operaciones en la concesión minera Shahuindo, operada por Panamerican Silver, para que los mineros artesanales realicen actividades extractivas. El convenio marco, que fue celebrado con el impulso del Minem, permite viabilizar la firma de contratos de explotación mediante la articulación de esfuerzos entre la gran y la pequeña minería, en aras de fortalecer el proceso de formalización minera integral establecido por la legislación nacional. En esta jornada, suscribieron los contratos de explotación los representantes de las empresas Sheridan Mining Exploration El Combe EIRL, El Combe Mining Explorations EIRL, Copermin Perugol EIRL, Secominer SAC, Jesús La Luz de mi Vida EIRL y Minería y Exploración El Cerro Colorado EIRL. Adicionalmente, suscribieron contratos de explotación minera las personas naturales de Reyna Paula Baca Briceño, Raúl Evangelista Crespín, James Evangelista Crespín y Walter evangelista Crespín. En diciembre pasado, en las instalaciones del Minem, se realizó la firma de los primeros contratos de explotación individual entre Pan American Silver y los asociados de Amasba para autorizar actividades extractivas en la concesión minera Shahuindo, y ese proceso continúa avanzando por acuerdo entre las partes. El Ministerio de Energía y Minas, a cargo de la rectoría del proceso de formalización minera integral, ratifica su compromiso para impulsar la firma de los contratos de explotación entre la gran minería y los pequeños mineros artesanal, con el objetivo de incorporar a este segmento al circuito económico formal y generar mayores beneficios para el país.

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Piura: Policía reporta avance de mineros ilegales ecuatorianos en Ayabaca

La Policía Nacional reportó el avance de grupos de mineros ilegales de origen ecuatoriano por la zona fronteriza de Ayabaca, en la región Piura. Según advirtió la institución policial, existe el grave riesgo de que este sector del norte del país se convierta en un nuevo Pataz. Por ello, la Región Policial Piura insistió ante el comando policial que se instale bases policiales en la frontera con Ecuador, luego de comprobar que los mineros ecuatorianos avanzan en territorio peruano, principalmente en el cerro Servilleta, distrito de Suyo, provincia de Ayabaca. El jefe de la Región Policial Piura, general PNP Manuel Farías Zapata, dijo que dicha información ha sido corroborada tras los trabajos de inteligencia y observación con drones realizados en la zona. «Después del trabajo de inteligencia y con drones, nos hemos dado con la sorpresa que son varios sectores. Hemos descubierto un lugar que se llama el cerro La Servilleta donde hay mineros ilegales peruanos y ecuatorianos. Este trabajo que hemos hecho lo hemos enviado al comando advirtiendo que no vaya a suceder lo que ha pasado en Pataz, La Libertad», dijo Farías Zapata. Agregó que «por este motivo están pidiendo la ubicación y establecimiento de bases policiales en el lugar. «Se sabe que desde el 2024 habían 74 toneladas, ahora son 90 toneladas al año que salen de oro. Esa información ya lo hemos puesto de conocimiento al comando para que tomen las acciones pertinentes», añadió. «Queremos que se establezcan bases policiales para hacer intervenciones, usted sabe que la minería ilegal atrae la delincuencia», insistió Farías Zapata.

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Buenaventura tiene 3 años para lograr acuerdo social de proyecto minero El Algarrobo en Tambogrande

La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) anunció que la ejecución del proyecto minero El Algarrobo, en Tambogrande (Piura), está estructurada en cuatro etapas sucesivas, que inician con una fase de hasta tres años para la construcción de un acuerdo social y la elaboración de estudios técnicos de un proyecto hídrico que garantice el acceso al agua para la población de la margen izquierda del río Piura. La concesión minera del proyecto fue otorgada recientemente a la Compañía de Minas Buenaventura, de propiedad de la familia Benavides. Según José Rogger Incio Sánchez, director de Proyectos de Proinversión, solo si se logra este acuerdo social, se dará paso a la segunda etapa —de hasta cinco años— para el desarrollo de estudios técnicos mineros y de impacto ambiental. En tanto, la tercera y cuarta etapas incluyen la implementación y eventual operación de una mina subterránea, siempre y cuando se hayan cumplido todas las condiciones técnicas, legales y sociales. El representante de Proinversión enfatizó que no habrá actividad minera sin consentimiento previo de la comunidad de Tambogrande, y que el componente hídrico del proyecto El Algarrobo es prioritario. Proyecto El Algarrobo: No habrá voladuras En respuesta a las preocupaciones por posibles impactos negativos, la agencia estatal afirmó que no habrá voladuras debajo de zonas habitadas, ya que la operación subterránea se desarrollará a más de 200 metros de profundidad y lejos de áreas urbanas y agrícolas. El procesamiento del mineral se realizará fuera del área de influencia directa, en zonas desérticas, a más de 10 kilómetros de Locuto. Además, el uso del agua será regulado, eficiente y reciclado en circuito cerrado, sin comprometer fuentes destinadas al consumo humano o agrícola. Asimismo, se descartó la presencia de relaveras cerca del río Piura. Cualquier disposición de residuos será diseñada bajo estándares modernos de seguridad, impermeabilización y monitoreo continuo, teniendo en cuenta las condiciones climáticas de la zona.

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