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Presentan denuncia constitucional contra Jerí por muerte de manifestante

Gobierno declarará en emergencia a Lima en las próximas horas

Luis Magallanes es el policía que asesinó a Eduardo Mauricio Ruiz durante manifestación

José Jerí ya tiene nuevo gabinete: Conoce a sus nuevos ministros

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Un manifestante murió en protesta tras disparo de presunto policía terna

Poder Judicial ordenó reposición de Delia Espinoza en el cargo de Fiscal de la Nación

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Ministerio Público

Policía dice que detiene criminales pero no los registra: El Ministerio Público la desmiente

Destacados2, ⁠⁠Sucesos policiales y seguridad ciudadana /

La Policía Nacional del Perú (PNP) aseguró que, en tan solo 24 horas, detuvo a 886 personas acusadas de pertenecer a bandas criminales en todo el país. Sin embargo, estos datos no fueron ingresados, como corresponde, en el Registro Nacional de Detenidos y Sentenciados a Pena Privativa de Libertad Efectiva (Renadespple). El Renadespple es el registro oficial donde se recaba la información de las detenciones en flagrancia, y que debe ser actualizado según los reportes de instituciones como la Policía Nacional, el Poder Judicial y el Ministerio Público. Según la Policía Nacional, esas más de 880 detenciones de criminales, por supuestos delitos contra la seguridad ciudadana, forman parte de la política nacional de lucha frontal contra el crimen organizado impulsada por el Ministerio del Interior. Pero el Ministerio Público desmintió que la mayoría de detenidos sea por delitos relacionados con la inseguridad ciudadana, ya que, del total de detenciones en todo el país, apenas el 1.39% es por delitos de extorsión, homicidio, secuestro y sicariato. Además, solo el 4.58% de las detenciones es por el delito de hurto agravado, según el Renadespple. El Ministerio Público informó que durante el primer semestre del presente año (enero-junio 2025) se ha registrado 113 084 detenciones en flagrancia en todo el país.

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Exministro Santiváñez denuncia por reglaje a periodistas de Latina que lo investigan

Actualidad /

Juan José Santiváñez, el exministro del Interior y actual jefe de la Oficina de Monitoreo Gubernamental del Despacho Presidencial, denunció penalmente a cuatro periodistas de Latina Televisión, acusándolos del presunto delito de “reglaje”. La acción penal incluye a Mónica Delta, conductora del programa dominical Punto Final; Juan Subauste, director del programa; Carlos Hidalgo, reportero; y Jorge Ramírez, camarógrafo, además de la empresa Latina Televisión. La medida fue presentada luego de la difusión de un reportaje titulado “Con quiénes se reúne Santiváñez en Palacio”, donde se exhibieron imágenes del exministro, así como de su vehículo y desplazamientos, tomadas en espacios públicos. Pese a ser una figura pública de notable importancia, —no solo por haber sido ministro y mantenerse en el círculo cercano de la presidenta Dina Boluarte, sino al conocerse que mantiene reuniones con distintos funcionarios como congresistas, alcaldes y ministros— alegó un presunto reglaje. Sostuvo que las imágenes del reportaje fueron grabadas sin su consentimiento y que los periodistas habrían actuado en complicidad con una presunta banda criminal dedicada a la extorsión. Según el funcionario, el material audiovisual fue ejecutado con la finalidad de amedrentarlo, y la sanción penal contemplaría penas de entre tres y seis años de prisión de acuerdo con la legislación vigente. Frente a la denuncia, Mónica Delta negó que exista algún sustento legal para la acusación contra el equipo periodístico de Latina y consideró que se trata de un intento de intimidación. “Lo que pretende esta denuncia es intimidar y amedrentar las libertades. No es la primera vez en el gobierno de Dina Boluarte”, afirmó durante la emisión de ‘Buenas Nuevas, Malas Nuevas’. La periodista también señaló que el reportaje forma parte de un ejercicio periodístico legítimo y respaldado por la ley, especialmente tratándose de un funcionario público con presencia permanente en Palacio de Gobierno. “Estamos hablando de un personaje público que ha sido ministro del Interior, ha sido censurado por el Congreso y se le ha creado un puesto para que siga cerca del poder, recibe ministros, recibe funcionarios, es periodismo puro lo que se ha hecho el domingo”, explicó. Latina Televisión, a través de un comunicado oficial, lamentó el “más reciente acto de amedrentamiento del gobierno de la presidenta Dina Boluarte” contra periodistas del medio. La empresa señaló que la denuncia es una represalia por la emisión de un reportaje que expuso la influencia de Santiváñez en la toma de decisiones públicas y sostuvo que la libertad informativa se ve afectada “sistemática y reiteradamente” por el gobierno. Latina también reafirmó su respaldo a los acusados y alertó sobre la afectación del derecho de los ciudadanos a recibir información de interés público.

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Congresistas con investigaciones fiscales quieren reorganizar la Fiscalía

Descatados1, Política y gobierno /

Ocho congresistas de la bancada de Renovación Popular y tres de la bancada Honor y Democracia, quienes quieren reorganizar el Ministerio Público como respuesta a que Patricia Benavides no asumiera nuevamente como fiscal de la Nación, se encuentran investigados por presuntos delitos de corrupción, crimen organizado y otros. Los legisladores involucrados son: Diego Bazán, María Córdova, Jorge Montoya, Milagros Martínez, Norma Yarrow, José Cueto, Alejandro Muñante, Javier Padilla, Miguel Ciccia, Jorge Zeballos y Patricia Chirinos. Respecto a la bancada Renovación Popular, Diego Bazán es investigado por la Segunda Fiscalía Suprema por los presuntos delitos de falso testimonio en juicio —relacionado con su declaración en el proceso contra Pedro Castillo— y peculado doloso simple, por presuntamente utilizar recursos del Congreso para celebrar su cumpleaños en Trujillo en 2023. María Córdova afronta un proceso judicial por falsa declaración jurada, debido a que omitió declarar su cargo como gerente general de la empresa Lot Plus S.A.C. en su hoja de vida durante las elecciones generales de 2021. El caso se encuentra en el Sétimo Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo. Alejandro Muñante es investigado por cohecho, tras la declaración del colaborador eficaz Jaime Villanueva, exasesor de Patricia Benavides, quien reveló que hubo coordinaciones con un congresista identificado como “agente especial Roberto” para facilitar el copamiento de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) con funcionarios afines a Benavides. La estrategia incluía una propuesta legislativa impulsada por Muñante. Patricia Chirinos está siendo investigada por la fiscal suprema Delia Espinoza en el marco del caso Patricia Benavides, por su presunta participación en una organización criminal. Jorge Zeballos y Miguel Ciccia enfrentan investigaciones por el presunto delito de organización criminal, relacionadas con hechos ocurridos en los años 2022 y 2025, respectivamente. En el caso de Ciccia, este ha declarado que desconoce la denuncia y que no ha sido notificado. Finalmente, Milagros Martínez y Norma Yarrow están siendo indagadas por el presunto delito de cohecho. Congresistas de Honor y Democracia investigados En el caso de la bancada Honor y Democracia, Jorge Montoya está siendo investigado por negociación incompatible, tras conocerse que habría influido indebidamente en la aprobación del dictamen del proyecto de ley 319-2021, lo que le permitió percibir doble sueldo y pensión simultáneamente mientras ejercía su cargo congresal. En este mismo caso también está involucrado José Cueto. Además, a Montoya se le investiga por el presunto delito de homicidio calificado, por haber presuntamente fomentado el uso excesivo de la fuerza por parte de la PNP durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte. En tanto, Javier Padilla es acusado de haber solicitado el reembolso por gastos de combustible en fechas en que no realizó actividades oficiales relacionadas con sus funciones congresales. En medio de cuestionamientos, el partido de Rafael López Aliaga propone declarar en emergencia el Ministerio Público tras el rechazo de reposición de Patricia Benavides como fiscal de la Nación, cargo que actualmente ocupa Delia Espinoza.

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Keiko Fujimori enfrenta nuevo pedido de 35 años de prisión por organización criminal y lavado de activos

Descatados1, Política y gobierno /

El Equipo Especial Lava Jato formuló la acusación penal en el proceso seguido contra la acusada Keiko Fujimori Higuchi y otros, por el financiamiento a las campañas electorales de 2011 y 2016, en el denominado caso ‘Cócteles’. El fiscal provincial José Domingo Pérez presentó la acusación penal contra los imputados Keiko Fujimori, Pier Figari, Ana Rosa Herz, Jaime Yoshiyama, José Chlimper, Adriana Tarazona, Augusto Bedoya, Mark Vito Villanella, Ana Cecilia Matsuno, Giancarlo Bertini, Hugo Tasayco, Juan Carlos Luna, Luis Mejía y Rafael Herrera, así como las personas jurídicas del partido político Fuerza Popular y MVV Bienes Raíces S. A. C (de Mark Vito). Respecto a la acusada Keiko Fujimori, la fiscalía solicitó 35 años de pena privativa de libertad y 730 días multa, por los delitos de lavado de activos agravado en organización criminal, en concurso con los delitos de falsa declaración en procedimiento administrativo y falsedad genérica. Asimismo, la fiscalía ha requerido el sobreseimiento (archivamiento) de 19 investigados y el sobreseimiento parcial de dos de ellos. De esta manera, el equipo de fiscales dan cumplimiento a la resolución del Tribunal Constitucional establecida mediante el expediente 02803-2023-HC/TC, por lo que este caso pasará a la etapa de control de acusación.

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Fiscalía incauta celulares, agendas telefónicas y droga en el penal de Piura

Actualidad, Descatados1 /

La Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Piura incautó teléfonos celulares, agendas con números telefónicos y droga encontrados durante una requisa realizada en el penal de Piura (exRío Seco). La intervención contó con la participación de 31 fiscales de diversas especialidades y personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), en un esfuerzo coordinado para combatir las extorsiones en la región. La diligencia se inició a las 7:00 a.m. con el objetivo principal de controlar el uso ilegal de teléfonos móviles dentro del penal de Piura. La intervención fiscal se centró en el pabellón 5, donde se tomó control de la población carcelaria para realizar registros personales. Allí, se encontró agendas telefónicas, ketes de droga y, con el uso de detectores de metales, se descubrió a internos que habían ocultado celulares en cavidades anales. Posteriormente, la requisa se extendió a las celdas del mismo pabellón, donde se halló una cantidad considerable de material ilícito, incluyendo más ketes de droga y armas punzocortantes. Además, se descubrieron «caletas» (escondites) en forados de paredes y pisos, donde se guardaban mini celulares. En total, se incautó siete celulares, cargadores, cables de datos y diversas piezas de teléfonos. Fueron tres los internos que habían escondido equipos celulares y cargadores en sus cavidades anales. Tras ser interrogados y, a pesar de su negativa inicial a colaborar, finalmente entregaron los objetos ilícitos. Todos los hallazgos han sido derivados a las fiscalías especializadas correspondientes para las investigaciones pertinentes. El Ministerio Público recuerda que el uso de equipos celulares dentro de un penal puede incrementar la condena hasta en tres años, y si está vinculado a un acto delictivo, la pena puede aumentar en 10 años adicionales.

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Hallan muerto a José Miguel Castro, colaborador eficaz en el caso de Susana Villarán

Actualidad /

José Miguel Castro, exgerente municipal durante la gestión municipal de Susana Villarán (2011-2014), quien era colaborador eficaz en el caso que involucra a la exalcaldesa en una trama de corrupción, fue hallado muerto este domingo en su domicilio del distrito limeño de Miraflores. El hallazgo fue confirmado por la Policía Nacional del Perú, que fue requerida a la vivienda del exfuncionario edil. De momento, se desconoce las causas de la muerte del exfuncionario municipal. Los agentes policiales que realizaron la inspección de la vivienda reportaron el hallazgo de dos cuchillos en la escena, según quedó registrado en un acta. Peritos del Ministerio Público llegaron para el levantamiento del cadáver y el inicio de las diligencias como parte de la investigación fiscal. Hasta el inmueble llegó más personal policial, además de los peritos de Criminalística y trabajadores del Ministerio Público para iniciar las diligencias del caso. José Miguel Castro: Pieza clave en la investigación José Miguel Castro estuvo involucrado en una investigación por corrupción por el caso ‘Lava Jato’ en el cual también aparece como sindicada la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán. La Fiscalía pidió para él 25 años y cinco meses de prisión, mientras que, para Villarán, 29 años. Era procesado por la presunta conformación de una organización criminal que recibió más de 10 millones de dólares en aportes ilegales de las constructoras corruptas Odebrecht y OAS, para financiar tanto la campaña por el «NO» a la revocatoria de Villarán, como para su campaña de reelección en el 2014. Precisamente sobre este caso, el Poder Judicial rechazó el pasado 29 de mayo un pedido fiscal para adelantar el inicio del juicio contra la exalcaldesa y los exfuncionarios involucrados. Al respecto, el fiscal José Domingo Pérez Gómez hizo este pedido recordando que, el Tribunal Constitucional instó a fiscales y jueces a actuar con prontitud en los procesos vinculados a presuntos actos de corrupción en la Municipalidad de Lima. Sin embargo, el juzgado señaló que era necesario un “plazo prudencial de cuatro meses” para notificar a los 21 acusados en este proceso, por lo que el juicio oral iniciará el 23 de setiembre a las 9 de la mañana.

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Más de 30 años de cárcel para un sujeto que intentó violar a una niña en Piura

Destacados2, ⁠⁠Sucesos policiales y seguridad ciudadana /

La Corte Superior de Justicia de Piura dictó sentencia condenatoria de 32 años de prisión efectiva para Germán Dávila Perales (75), por los delitos de intento de violación sexual y tocamientos indebidos en agravio de una niña de 10 años. La fiscal adjunta provincial Claudia Vanessa Úrsula Milagros Samillán Mesones probó durante el juicio oral que el acusado, el 30 de marzo del 2024, intentó abusar sexualmente de la menor de edad, empleando para ello una prótesis, luego de obligarla a ingresar a su casa amenazándola de muerte. Según consta en el informe de la entrevista a la víctima en cámara Gesell, Germán Dávila Perales ya había realizado en fechas anteriores tocamientos indebidos en contra de la niña, aprovechando que llegaba a ayudar en los quehaceres a su esposa. Sin embargo, es cuando ya intenta abusar sexualmente de ella que, gracias a la intervención oportuna de una vecina, alertada por los gritos de auxilio de la menor, que el sujeto fue capturado in fraganti a punto de cometer el delito. El Juzgado Colegiado de Piura emitió la sentencia condenatoria por unanimidad y dispuso también que el ahora condenado cancele la suma de 10 mil soles por concepto de reparación civil a favor de la agraviada, además de llevar obligatoriamente tratamiento terapéutico.

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Fiscalía y PNP destruyen maquinaria y equipos de mineros ilegales en Ayabaca

Descatados1, Medio Ambiente y turismo /

Acciones contra mineros ilegales. La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Sullana (FEMA) ejecutó una interdicción en dos campamentos mineros ubicados en la Comunidad Campesina San Sebastián, en el distrito de Suyo, provincia de Ayabaca, como parte de las acciones para combatir la minería ilegal en esta zona de la región Piura. Durante la diligencia, las autoridades hallaron diversos equipos e insumos utilizados por los mineros ilegales para sus actividades ilícitas, entre ellos: una retroexcavadora marca John Deere, cuatro grupos electrógenos, tres baldes de 5 galones con aceite Vistony, 550 metros de manguera de 2 pulgadas, dos tanques Rotoplas de 1000 litros, seis metros de tubo PVC de 4 pulgadas, 120 sacos con material aurífero en bruto, doce pozas de sedimentación, tres motobombas y un trompo mezclador. La acción fue liderada por el fiscal provincial Néstor Sosa Carrillo, con la participación del fiscal adjunto Jhon Beiker Frías Albán, junto a representantes de la Dirección Regional de Energía y Minas (DREM) de Piura, efectivos de la Policía de Medio Ambiente de Piura, personal de UDEX Sullana y de la Unidad de Servicios Especiales (USE) de Sullana. Todo el material encontrado fue destruido en el lugar, conforme a lo dispuesto por la normativa vigente. La FEMA Sullana ha iniciado las investigaciones correspondientes por el presunto delito de Minería ilegal contra los que resulten responsables.

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Poder Judicial suspende a Patricia Benavides como fiscal por dos años

Actualidad, Descatados1 /

El Poder Judicial dispuso la suspensión temporal de Patricia Benavides Vargas en el cargo de fiscal suprema titular y fiscal de la Nación, por el plazo de 24 meses, debido a que es investigada penalmente por presuntos actos de corrupción. La medida fue dispuesta por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria ante el requerimiento del Ministerio Público, decisión judicial emitida en el marco de la investigación seguida a Patricia Benavides por la presunta comisión de los delitos de cohecho pasivo específico, abuso de autoridad y encubrimiento personal en agravio del Estado. En la resolución judicial de suspensión se advierte que Benavides Vargas estaría vinculada a hechos graves que no han dejado de ser objeto de investigación y que habría intervenido en función de su cargo como fiscal de la Nación. Fundamenta, asimismo, que al haberse generado una sospecha suficiente resulta razonable concluir que la investigada realice conductas en el ejercicio del cargo, las cuales afectarían el sistema de administración de justicia, los procesos penales y su objetividad como fiscal. El Ministerio Público había solicitado la suspensión de derechos, modalidad de suspensión temporal en el cargo, por el plazo de 36 meses, para Patricia Benavides Vargas por la presunta comisión del delito de cohecho.

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Presidente de la JNJ busca alzarse en armas contra la fiscal de la Nación

Actualidad, Destacados2 /

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) insiste en reponer por la fuerza a Patricia Benavides como fiscal de la Nación, incluso alzándose en armas. El presidente de la JNJ, Gino Ríos Patio, solicitó a la Policía Nacional del Perú (PNP) «hacer uso de la fuerza pública» para retirar a Delia Espinoza del cargo de fiscal de la Nación, para el que fue legalmente elegida en octubre de 2024 por un periodo de tres años. La designación de Delia Espinoza en la Fiscalía de la Nación es legítima y cuenta con el respaldo de la Junta de Fiscales Supremos, conforme lo establece la Constitución. El pedido se realizó por medio de un oficio dirigido al comandante general de la PNP en el que expresamente se solicita «auxilio de la fuerza pública» para cumplir con los dispuesto en los artículos 2 y 3 de la Resolución N°231-2025-JNJ, en el que se repone a Benavides Vargas como fiscal suprema y fiscal de la Nación. La solicitud lleva la firma de Gino Ríos Patio, presidente de la JNJ, quien a la fecha no ha respondido los tres pedidos del Ministerio Público de presentar la resolución con las firmas de todos los integrantes y la grabación de la sesión donde se registre el debate y voto de los mismos. Así lo informó Delia Espinoza durante un mensaje a la ciudadanía publicado en las cuentas oficiales de la institución que preside. «Hemos devuelto la documentación recordándole que lo requerido no está dentro de sus competencias ni atribuciones. El día de hoy (23 de junio) también, la Junta de Fiscales Supremos, acordó por unanimidad solicitar a la JNJ emitir un pronunciamiento sobre el efecto de su decisión y la misma Junta de Fiscales Supremos ha reafirmado mi legítima elección», dijo. Ilegal resolución de la JNJ contra la fiscal de la Nación El pasado 12 de junio, la JNJ emitió una resolución que busca reponer a Benavides como fiscal de la Nación, pero que es firmada únicamente por el presidente, Gino Ríos Patio, cuando lo que corresponde es que firmen todos los miembros del pleno de la JNJ, dando a conocer el sentido de sus votos y motivando (justificando) su decisión. Además, la audiencia de votación debió ser pública y debió contar con la asistencia de todos los miembros del pleno, a fin de lograr la unanimidad. Sin embargo, en la sesión faltó el magistrado Francisco Távara, quien posteriormente dio a conocer que su voto era en contra de reponer a Benavides. Por si eso fuera poco, la JNJ no puede decidir quién es fiscal de la Nación, ya que esa es una atribución única y exclusivamente de la Junta de Fiscales Supremos, que corresponde al Ministerio Público. Y en caso quisiera reponerla como fiscal supremo, todavía hay en curso dos denuncias constitucionales pendientes contra Patricia Benavides, que deben ser resueltas para decidir su situación.

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