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Exministro Santiváñez denuncia por reglaje a periodistas de Latina que lo investigan

Juan José Santiváñez, el exministro del Interior y actual jefe de la Oficina de Monitoreo Gubernamental del Despacho Presidencial, denunció penalmente a cuatro periodistas de Latina Televisión, acusándolos del presunto delito de “reglaje”. La acción penal incluye a Mónica Delta, conductora del programa dominical Punto Final; Juan Subauste, director del programa; Carlos Hidalgo, reportero; y Jorge Ramírez, camarógrafo, además de la empresa Latina Televisión. La medida fue presentada luego de la difusión de un reportaje titulado “Con quiénes se reúne Santiváñez en Palacio”, donde se exhibieron imágenes del exministro, así como de su vehículo y desplazamientos, tomadas en espacios públicos. Pese a ser una figura pública de notable importancia, —no solo por haber sido ministro y mantenerse en el círculo cercano de la presidenta Dina Boluarte, sino al conocerse que mantiene reuniones con distintos funcionarios como congresistas, alcaldes y ministros— alegó un presunto reglaje. Sostuvo que las imágenes del reportaje fueron grabadas sin su consentimiento y que los periodistas habrían actuado en complicidad con una presunta banda criminal dedicada a la extorsión. Según el funcionario, el material audiovisual fue ejecutado con la finalidad de amedrentarlo, y la sanción penal contemplaría penas de entre tres y seis años de prisión de acuerdo con la legislación vigente. Frente a la denuncia, Mónica Delta negó que exista algún sustento legal para la acusación contra el equipo periodístico de Latina y consideró que se trata de un intento de intimidación. “Lo que pretende esta denuncia es intimidar y amedrentar las libertades. No es la primera vez en el gobierno de Dina Boluarte”, afirmó durante la emisión de ‘Buenas Nuevas, Malas Nuevas’. La periodista también señaló que el reportaje forma parte de un ejercicio periodístico legítimo y respaldado por la ley, especialmente tratándose de un funcionario público con presencia permanente en Palacio de Gobierno. “Estamos hablando de un personaje público que ha sido ministro del Interior, ha sido censurado por el Congreso y se le ha creado un puesto para que siga cerca del poder, recibe ministros, recibe funcionarios, es periodismo puro lo que se ha hecho el domingo”, explicó. Latina Televisión, a través de un comunicado oficial, lamentó el “más reciente acto de amedrentamiento del gobierno de la presidenta Dina Boluarte” contra periodistas del medio. La empresa señaló que la denuncia es una represalia por la emisión de un reportaje que expuso la influencia de Santiváñez en la toma de decisiones públicas y sostuvo que la libertad informativa se ve afectada “sistemática y reiteradamente” por el gobierno. Latina también reafirmó su respaldo a los acusados y alertó sobre la afectación del derecho de los ciudadanos a recibir información de interés público.

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Serfor denuncia caza ilegal de crías de flamencos en la Laguna de Sechura

¡El colmo! Sujetos inescrupulosos vienen captando ilegalmente crías de flamencos chilenos (Phoenicopterus chilensis) en la laguna del sector conocido como La Huaquilla, en el distrito y provincia de Sechura, en Piura. El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), realizó una inspección en el lugar, logrando constatar el atentado en contra de la fauna silvestre. Con el apoyo del guía Pablo Martínez, un comunero de la comunidad campesina San Martín de Sechura y guardaparque sechurano, los especialistas en fauna silvestre en Piura del Serfor encontraron partes (patas) y plumas de los polluelos de flamencos que anidan en esta provincia costera. Llegar hasta el lugar es difícil por la compleja accesibilidad y la diversidad de caminos, en medio del desierto y las orillas formadas por las lagunas. Hasta allí se puede acceder en motofurgones, cuatrimotos o camionetas. Ello complica un constante patrullaje, a fin de evitar eventos de esta naturaleza y monitorear el estado de conservación de las poblaciones de estas aves. Max Guerra Tume, especialista en fauna silvestre en Piura del Serfor, informó que, de acuerdo a la denuncia, el pasado sábado un grupo de comuneros, liderados por Pablo Martínez, mientras monitoreaba el anidamiento de aves en el sector La Huaquilla, Sechura, encontró en la orilla de la laguna, 304 pares de patas de polluelos de flamencos de aproximadamente 40 días de nacidos, así como abundante cantidad de plumas y vísceras. “Algunos pobladores de las zonas aledañas a la laguna los cazan de manera ilegal y cruel, aprovechándose que aún no pueden volar, para vender su carne, haciéndola pasar muchas veces como carne de ave de corral, en los mercados locales”, señaló Max Guerra. Esta evidencia, así como la declaración de los comuneros, permitirá formalizar una denuncia en la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Piura. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) clasifica a esta especie como “Casi Amenazada”. Su dieta alimenticia se basa en invertebrados y pequeños moluscos.

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Congresistas con investigaciones fiscales quieren reorganizar la Fiscalía

Ocho congresistas de la bancada de Renovación Popular y tres de la bancada Honor y Democracia, quienes quieren reorganizar el Ministerio Público como respuesta a que Patricia Benavides no asumiera nuevamente como fiscal de la Nación, se encuentran investigados por presuntos delitos de corrupción, crimen organizado y otros. Los legisladores involucrados son: Diego Bazán, María Córdova, Jorge Montoya, Milagros Martínez, Norma Yarrow, José Cueto, Alejandro Muñante, Javier Padilla, Miguel Ciccia, Jorge Zeballos y Patricia Chirinos. Respecto a la bancada Renovación Popular, Diego Bazán es investigado por la Segunda Fiscalía Suprema por los presuntos delitos de falso testimonio en juicio —relacionado con su declaración en el proceso contra Pedro Castillo— y peculado doloso simple, por presuntamente utilizar recursos del Congreso para celebrar su cumpleaños en Trujillo en 2023. María Córdova afronta un proceso judicial por falsa declaración jurada, debido a que omitió declarar su cargo como gerente general de la empresa Lot Plus S.A.C. en su hoja de vida durante las elecciones generales de 2021. El caso se encuentra en el Sétimo Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo. Alejandro Muñante es investigado por cohecho, tras la declaración del colaborador eficaz Jaime Villanueva, exasesor de Patricia Benavides, quien reveló que hubo coordinaciones con un congresista identificado como “agente especial Roberto” para facilitar el copamiento de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) con funcionarios afines a Benavides. La estrategia incluía una propuesta legislativa impulsada por Muñante. Patricia Chirinos está siendo investigada por la fiscal suprema Delia Espinoza en el marco del caso Patricia Benavides, por su presunta participación en una organización criminal. Jorge Zeballos y Miguel Ciccia enfrentan investigaciones por el presunto delito de organización criminal, relacionadas con hechos ocurridos en los años 2022 y 2025, respectivamente. En el caso de Ciccia, este ha declarado que desconoce la denuncia y que no ha sido notificado. Finalmente, Milagros Martínez y Norma Yarrow están siendo indagadas por el presunto delito de cohecho. Congresistas de Honor y Democracia investigados En el caso de la bancada Honor y Democracia, Jorge Montoya está siendo investigado por negociación incompatible, tras conocerse que habría influido indebidamente en la aprobación del dictamen del proyecto de ley 319-2021, lo que le permitió percibir doble sueldo y pensión simultáneamente mientras ejercía su cargo congresal. En este mismo caso también está involucrado José Cueto. Además, a Montoya se le investiga por el presunto delito de homicidio calificado, por haber presuntamente fomentado el uso excesivo de la fuerza por parte de la PNP durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte. En tanto, Javier Padilla es acusado de haber solicitado el reembolso por gastos de combustible en fechas en que no realizó actividades oficiales relacionadas con sus funciones congresales. En medio de cuestionamientos, el partido de Rafael López Aliaga propone declarar en emergencia el Ministerio Público tras el rechazo de reposición de Patricia Benavides como fiscal de la Nación, cargo que actualmente ocupa Delia Espinoza.

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Empresario hiere a tres personas con su camioneta en un restaurante de La Molina

El restaurante El Charrúa, ubicado en la cuadra 58 de la avenida Javier Prado Oeste, en el distrito limeño de La Molina, fue escenario de una agresión, cuando el empresario Miguel Ángel Requejo Astochado en aparente estado de ebriedad golpeó a un comensal y a sus acompañantes, los cuales intervinieron en la gresca. Tras esta discusión, el agresor salió y regresó para embestir con su auto a las personas que se encontraban en el local. Todo lo ocurrido quedó grabado en las cámaras de vigilancia. Tras el impacto, tres personas resultaron heridas. Además, mamparas, sillas y mesas quedaron destruidas. El chofer identificado como Miguel Ángel Requejo Astochado, se encuentra detenido en la comisaría Santa Felicia de La Molina, donde se realizan las investigaciones.  El agresor viene siendo investigado por varios delitos, entre ellos tentativa de homicidio, daños materiales, daño a la propiedad y conducción en estado de ebriedad. Su vehículo se encuentra en las afueras de la comisaría con visibles daños de un choque violento en la parte frontal, donde se puede observar un pedazo de madera de una silla o estructura del restaurante. La Municipalidad de La Molina se hizo presente a través de sus funcionarios y clausuró de manera preventiva y temporal el establecimiento parrillero debido a probables daños estructurales. Jhorlan Nestares, subgerente de Fiscalización de la Municipalidad de La Molina, indicó que tomaron conocimiento del incidente en el restaurante alrededor de la 1:00 a. m. “Lo que hemos ejecutado en este momento es la clausura temporal porque el personal técnico de la municipalidad ha opinado que es muy probable que la estructura haya sufrido algún daño. Entonces no cuenta ni garantiza la seguridad de las personas”, comentó. El funcionario señaló que los propietarios del local van a tener que subsanar las observaciones estructurales y pasar una nueva inspección municipal para reabrir el local.  Por su parte, el restaurante El Charrúa enfatizó en un comunicado difundido por sus redes sociales que el incidente se trató de “una situación externa y aislada, ajena a las operaciones del restaurante”.

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Excongresista de APP Freddy Díaz es condenado a 18 años de prisión por violador

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema confirmó la condena por violación sexual para el excongresista Freddy Díaz Monago y elevó su pena de 13 años y cuatro meses a 18 años de cárcel. La decisión fue tomada tras revisar la apelación presentada por la Segunda Fiscalía Suprema en lo Penal, que había solicitado una pena de 20 años. Díaz fue hallado culpable en agosto de 2024 por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, luego de que se demostrara que abusó sexualmente de una trabajadora del Congreso que se encontraba incapacitada para resistirse debido al consumo de alcohol. En esa primera sentencia, el exparlamentario recibió 13 años y cuatro meses de prisión. El abogado de la víctima, José Ugaz, informó que el máximo tribunal consideró agravantes como la relación de subordinación laboral entre el excongresista y la agraviada, así como el estado de vulnerabilidad de la víctima. Además del incremento en la pena privativa de libertad, la reparación civil también fue modificada. Inicialmente fijada en S/ 352,197, fue aumentada a S/ 500,000, atendiendo al pedido formulado por la defensa de la víctima durante el proceso de apelación. Freddy Díaz fue expulsado del Congreso en 2022, tras el escándalo que generó la denuncia en su contra, ocurrida en una oficina parlamentaria. Desde entonces, diversos sectores de la sociedad civil y organismos de derechos humanos han seguido de cerca el caso como un ejemplo de lucha contra la impunidad en casos de violencia sexual cometidos desde el poder.

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¡Fútbol de luto! Diogo Jota y su hermano fallecen en un accidente de tránsito en España

El futbolista del Liverpool Diogo Jota, de apenas 28 años, y su hermano André, de 26, fallecieron este jueves en un accidente de tránsito ocurrido de madrugada en la localidad de Cernadilla, en Zamora, España. Los hermanos portugueses murieron a bordo de un Lamborghini que, por causas que se investigan, se salió de la autovía Rías Bajas (A52) a la altura del kilómetro 65, en sentido a Benavente, en torno a la medianoche. Todo indica que el coche pudo sufrir el reventón de uno de sus neumáticos mientras realizaba un adelantamiento, por lo que se salió de la vía y se incendió. Los bomberos extinguieron el incendio, que se propagó a la vegetación colindante, y colaboraron con los servicios sanitarios de Emergencia y la Guardia Civil, en tanto que los servicios de emergencias solo pudieron confirmar la muerte de los hermanos. El delantero Diogo José Teixeira da Silva, conocido como Diogo Jota, fue jugador del Atlético de Madrid en 2016 y posteriormente jugó en el FC. Porto hasta 2018, cuando pasó a la liga inglesa. Desde 2020 es futbolista del Liverpool. Su hermano André Felipe Silva también era futbolista. Jugaba en el Futebol Clube Penafiel, un equipo de la segunda división portuguesa. 

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Keiko Fujimori enfrenta nuevo pedido de 35 años de prisión por organización criminal y lavado de activos

El Equipo Especial Lava Jato formuló la acusación penal en el proceso seguido contra la acusada Keiko Fujimori Higuchi y otros, por el financiamiento a las campañas electorales de 2011 y 2016, en el denominado caso ‘Cócteles’. El fiscal provincial José Domingo Pérez presentó la acusación penal contra los imputados Keiko Fujimori, Pier Figari, Ana Rosa Herz, Jaime Yoshiyama, José Chlimper, Adriana Tarazona, Augusto Bedoya, Mark Vito Villanella, Ana Cecilia Matsuno, Giancarlo Bertini, Hugo Tasayco, Juan Carlos Luna, Luis Mejía y Rafael Herrera, así como las personas jurídicas del partido político Fuerza Popular y MVV Bienes Raíces S. A. C (de Mark Vito). Respecto a la acusada Keiko Fujimori, la fiscalía solicitó 35 años de pena privativa de libertad y 730 días multa, por los delitos de lavado de activos agravado en organización criminal, en concurso con los delitos de falsa declaración en procedimiento administrativo y falsedad genérica. Asimismo, la fiscalía ha requerido el sobreseimiento (archivamiento) de 19 investigados y el sobreseimiento parcial de dos de ellos. De esta manera, el equipo de fiscales dan cumplimiento a la resolución del Tribunal Constitucional establecida mediante el expediente 02803-2023-HC/TC, por lo que este caso pasará a la etapa de control de acusación.

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Dina Boluarte se sube el sueldo y ahora ganará más de S/ 35 mil mensuales

El ministro de Economía, Raúl Pérez Reyes, anunció que el gobierno aprobó el aumento de sueldo de la presidenta Dina Boluarte a S/ 35,568 mensuales. Según dijo, la medida se tomó luego de hacer una proyección salarial de todos los cargos dentro del Poder Ejecutivo. «Se ha hecho una comparación por medio ponderado y por resultado de ello surge el valor, que ha sido aprobado el día de hoy por un decreto supremo, de 35.658 soles mensuales», precisó Pérez Reyes. El pedido de aumento de sueldo de Dina Boluarte fue realizado por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), alegando que no sería viable que «la presidenta gane menos que un ministro y que su salario debería ser acorde al servicio que realiza». Con este nuevo aumento, la presidenta ha duplicado su sueldo, pues antes ganaba S/ 16.000. El informe del MEF cita el artículo 2 de la Ley N° 28212, indicando que «el presidente de la República ocupa la más alta jerarquía en el servicio de la Nación y tiene la responsabilidad de presidir todos los actos públicos y oficiales a los que asiste», justificando sus funciones. Asimismo, hace mención del artículo 4 de la misma ley que establece que el presidente debe percibir la remuneración más alta dentro del servicio de la Nación. Con este nuevo aumento de sueldo, Dina Boluarte se posiciona en el top de la lista de funcionarios del servicio civil, superando la remuneración mensual de los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), magistrados del TC, ministros, rectores de las universidades públicas, entre otros.

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Susalud multa con más de S/ 668 mil a la clínica Delgado por divulgar información sobre la salud de Shakira

En medio de la incertidumbre por la cancelación del primero de dos conciertos que la cantante colombiana Shakira iba a realizar en el estadio Nacional, en febrero de 2025, la clínica Delgado (Auna) divulgó información sobre su historial médico. La revelación de información íntima de la artista cuando era paciente de la clínica generó una gran polémica y una posterior intervención de la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud). Es así que el órgano regulador, al considerar que la clínica Delgado vulneró los derechos de privacidad de Shakira, decidió imponer una multa que supera los 668.000 soles (equivalentes a 125 Unidades Impositivas Tributarias, UIT). Según el informe oficial de Susalud, esta multa fue impuesta debido a la divulgación no autorizada de datos médicos confidenciales, una infracción grave según el Reglamento de Infracciones y Sanciones de la entidad. Susalud destacó que la Ley General de Salud y la Ley de Protección de Datos Personales son claras al establecer que la información sobre diagnóstico, tratamiento y condición médica de cualquier paciente debe permanecer confidencial, y solo puede ser divulgada con el consentimiento expreso del paciente o de su representante legal. El superintendente adjunto de Susalud, Erick Muñoz Arce, enfatizó que “nadie tiene corona” y que todas las personas, independientemente de su fama, deben ser tratadas con el respeto y la protección de su intimidad, de acuerdo con las leyes peruanas.

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Más de 400 niñas fueron forzadas a ser madres desde el 2019 en Piura

Piura es la octava región con mayor cantidad de niñas forzadas a ser madres. Solo en lo que va del año 2025, ya se ha registrado 17 de estos casos. Se trata, en su gran mayoría, de casos de violación sexual cometidos por hombres adultos, en muchos casos del círculo cercano de la víctima. Según cifras oficiales del Sistema de Registro del Certificado de Nacido Vivo (CNV), solo entre enero y junio de 2025, 328 niñas menores de 14 años fueron forzadas a continuar con embarazos en todo el país. Además, por sexto año consecutivo, las regiones de Lima, Loreto y Ucayali han concentrado de forma sostenida cerca del 30 % de los nacimientos en niñas de ese grupo etario. En el balance, desde el año 2019 hasta el 2025, un total de 405 niñas han sido obligadas a ser madres en la región Piura. Y en todo el país el total asciende a 8211, siendo Lima, Loreto y Ucayali las regiones con más caso. El tema volvió al debate público debido a que, hace unos días, mediante la Resolución Directoral N° 200-2025-DG-INMP/MINSA se oficializó la aprobación de la nueva “Guía de Procedimiento de Aborto Terapéutico del Instituto Nacional Materno Perinatal (INMP)”,  dejando sin efecto la directiva anterior. La iniciativa, que fue promovida por la congresista y pastora evangélica Milagros Jáuregui de Aguayo, del partido Renovación Popular, reduce a once los quince supuestos, por lo que un médico podría aplicar un aborto terapéutico, eliminando las causales vinculadas a la salud mental de la gestante. En abril del 2024, una niña de 13 años fue sometida a una cesárea de emergencia debido a complicaciones graves a causa de su embarazo. La menor, quien fue víctima de violación sexual desde los 9 por parte de Hermes Gutapaña Gómez (42 años), fue internada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Regional de Pucallpa, en Ucayali, tras presentar un cuadro de preeclampsia.  Aunque el embarazo de la menor representaba un alto riesgo para su salud física y mental, los familiares denunciaron que las autoridades no activaron el protocolo correspondiente para salvaguardar su bienestar. El fiscal, que acudió al centro médico tras ser notificado, sostuvo que el embarazo debía continuar, argumentando que el bebé serviría como “prueba” del delito, ignorando el procedimiento de asentimiento tanto de la menor como de sus parientes. Continuar un embarazo forzado que ha sido producto de una violación es degradante, cruel e inhumano. Así lo califican organismos internacionales como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw), el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC) y el Comité de Derechos del Niño. 

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